El consejero Arriola considera que la aprobacin de la Ley de Movilidad Sostenible conduce a Euskadi hacia una mayor cohesin social y territorial

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El Parlamento ha aprobado este jueves la nueva Ley de Movilidad Sostenible, promovida por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco para reforzar la transición a un modelo que minimice su impacto medioambiental. El consejero, Iñaki Arriola, ha valorado positivamente la aprobación de la nueva norma y ha ensalzado hoy en la Cámara vasca que se trata de una ley cuyo objetivo principal es “reducir la huella de carbono y avanzar hacia un sistema de transportes intermodal que priorice el acceso a las personas al transporte público”.  “Se trata de una norma de gran importancia, cuyo propósito fundamental es lograr un sistema de transporte sostenible, moderno y enfocado a una función de vertebración social que incumbe a toda Euskadi”, ha explicado. 

Arriola ha recordado que el transporte representa la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE y supone un ámbito en el que es preciso trabajar para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Con el paso dado por el Legislativo vasco, Euskadi contará, a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del País Vasco, con un marco que impulsará la movilidad sostenible de Euskadi, utilizando como elementos clave la movilidad activa y el transporte público. 

En este sentido, incorpora novedades que incluyen derechos y obligaciones de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía en la elaboración de las estrategias de movilidad o la obligación de los municipios de tener en cuenta el impacto en la movilidad sostenible de sus actuaciones urbanísticas. 

Además, el consejero ha resaltado que el articulado recoge “la opción de establecer medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible, con tasas, cánones, tributos y reducción, y abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente”. La ley establece un marco para que las diputaciones y los ayuntamientos puedan activar herramientas de política económica y fiscal para profundizar en la sostenibilidad del sector del transporte. 

Títulos del transporte plenamente interoperables 

La norma recoge asimismo la obligación de que los diferentes títulos de transporte que existen en Euskadi sean interoperables entre sí en el plazo de dos años desde la aprobación de la nueva norma, con el objetivo de facilitar que las personas los utilicen en distintos modos de transporte de la comunidad autónoma, facilitando así la intermodalidad. De cara a futuro, la ley obliga a que, en caso de crear nuevas tarjetas de transporte, estas estén configuradas desde su inicio para poder ser utilizadas en todos los servicios de transporte público. En todo caso, la ley defiende la necesidad de apostar por un sistema tarifario único e integrado en toda Euskadi. 

Municipios diseñados para la movilidad activa 

La nueva legislación hace hincapié en fomentar la movilidad activa, a pie y en bicicleta. Para lograrlo plantea que los municipios deberán promoverla desde la planificación urbanística y el diseño de ciudades y pueblos, con medidas como la pacificación del tráfico y la preferencia del uso peatonal de calles, plazas y avenidas. También incorpora la obligación de que edificios públicos y estaciones alberguen aparcabicis y que los nuevos edificios de viviendas cuenten con espacios seguros y resguardados para este medio de transporte sostenible.

La ley establece por primera vez derechos y obligaciones de la ciudadanía, entre ellos el derecho a acceder a un servicio de transporte público con independencia del lugar de residencia, y fija cauces de participación pública en el diseño de las medidas para propiciar la movilidad respetuosa con el medio ambiente. También aborda la regulación de planes de movilidad sostenible en Euskadi y en los tres territorios históricos para trabajar a lo largo de una década en esta materia, y extiende esa obligación a los municipios de más de 5.000 habitantes. Entre los planes, la nueva norma también incluye los de movilidad en los centros de trabajo.